El Embajador Giuseppe Buccino Grimaldi recibió ayer en la residencia, en el evocador marco del Palacio Amboage, a una representación de los máximos responsables del sistema de cooperación judicial internacional español y andorrano, compuesta por el director del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Luis de Arcos Pérez, María Felisa Herrero Pinilla, jefa de sección del Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ, Juan Manuel Fernández Martínez, presidente de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Félix Alfonso Guevara Marcos, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, María Jesús Fraile Martín, Secretaria de Gobierno de la Audiencia Nacional, Alejandro Luzón Cánovas, Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Manuela Francisca Fernández Prado, Presidenta de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, y Ramón Camp Batalla Ramon, miembro secretario del Consell Superior de la Justícia de Andorra.
Acompañado, entre otros, por el Cónsul General de Italia en Madrid, Spartaco Caldararo, la Magistrada italiana de enlace en España, Clara Ciofetti, el experto de la Guardia de Finanzas, General Salvatore Russo, y el experto en seguridad, Teniente Coronel Francesco Manna, el Embajador agradeció a los magistrados presentes su fundamental contribución al excelente estado de la cooperación judicial entre Italia, España y Andorra.
El Embajador recordó además el legado de tantos héroes de la lucha contra la mafia italiana, empezando por Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que comprendieron en su momento la importancia de la cooperación internacional, del «seguir el dinero» y de la confiscación de patrimonios como instrumentos más eficaces para combatir las mafias. Estas enseñanzas, señaló, han sido incorporadas por el Parlamento italiano con la promulgación a lo largo de los años de leyes cada vez más estrictas, entre ellas la denominada «prisión dura» para los mafiosos y la famosa «Ley especial antimafia», que permite confiscar más rápidamente los bienes acumulados ilícitamente y que ahora se observa e imita en todo el mundo.
En el marco de una evolución legislativa y judicial en la que también desempeña un importante papel de apoyo el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano con el lanzamiento, hace algunos años, de la denominada «diplomacia jurídica», dada la estrecha interconexión de las mafias de los distintos países en la gestión del tráfico ilícito internacional, el evento celebrado en la Residencia permitió reflexionar y analizar posibles medidas operativas sobre un tema de gran relevancia civil: la destinación a fines sociales de los bienes confiscados a las organizaciones criminales, transformando lo que es fruto de la ilegalidad en un recurso para la comunidad como oportunidad concreta para promover la legalidad, la inclusión y el desarrollo en los territorios más afectados.
